El control social se define como el derecho y deber que tienen todos los ciudadanos, individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el propósito de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia; así como la transparencia en el accionar, uso y manejo de los recursos y bienes públicos.
Para conocer sobre los orígenes y funciones del control social, es importante hacer referencia al grupo de normas y regulaciones de diferentes tipos que son establecidas en todas sus formas por una sociedad para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida organizado y controlado.
Esta expresión de control hace presencia de diferentes maneras y en distintos ámbitos, tanto a través de prácticas formales como informales, transitando así las vías de las regulaciones socialmente aceptadas y también por medio de la coacción y de la imposición del imperio de la ley contra todos aquellos que manejen fondos públicos. En ese sentido, se puede aplicar el control social, basado en las normas constitucionales, en todas las instituciones por donde transiten los recursos del Estado, sean estas públicas, privadas, ONGs o de carácter religioso. LEER
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